Comunicado de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV SOBRE LA ACTUAL
SITUACIÓN EN LA ZONA FRONTERIZA COLOMBO/VENEZOLANA

He visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor” Éxodo 3,7

Alto a los atropellos en las deportaciones.
Los derechos humanos son los mismos para todos

1.- La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de
Venezuela, atenta a todo lo que tiene que ver con los derechos
humanos, se encuentra profundamente preocupada por diversas denuncias
sobre graves violaciones a los derechos humanos en el marco del
Decreto de suspensión de garantías constitucionales en varios
municipios de la frontera, pues es una situación que afecta a todos
los que vivimos en Venezuela, dado que es inmensa la presencia de
colombianos en nuestra tierra, y son más los vínculos de fraternidad y
cooperación existentes. Más allá de diferencias o de situaciones
irregulares, priva el respeto a la vida y a un trato cordial. No se
puede estigmatizar a todo un colectivo de presuntos delitos sin el
debido proceso y el derecho a la defensa.
2.-La Comisión ha estado monitoreando y recabando información sobre
los acontecimientos que se han registrado en la frontera
colombo/venezolana en los últimos días, y ante las graves denuncias
sobre masivas deportaciones de ciudadanos de nacionalidad colombiana,
que sin ningún tipo de procedimiento previo, no se les ha garantizado
un debido proceso establecido en nuestra Constitución y en tratados
internacionales de Derechos Humanos debidamente suscritos y
ratificados por Venezuela.
3.- Hemos tenido conocimiento que muchas de estas personas han sido
obligadas a salir de manera abrupta, sin enseres, sin alimentos,
muchos de ellos solo con la ropa que llevan puesta, sus casas
allanadas sin ninguna orden judicial y destruidas; en algunos casos
fueron robadas las pertenencias de aquellos pobres moradores.
4.- A ello se une el drama de ver familias separadas, especialmente
madres y padres que han sido obligadas a dejar a sus hijos menores en
territorio venezolano, y más grave aún resulta de enorme preocupación
la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a estos
ciudadanos de origen colombianos como miembros de grupos irregulares.
5.- Condenamos cualquier actuación de esta naturaleza y hacemos un
llamado a las autoridades venezolanas a aplicar todas aquellas medidas
destinadas a garantizar el debido proceso y la integridad física de
las personas, con especial énfasis en el derecho a la vida y lo
propuesto en nuestra Constitución y leyes.
6.- Expresamos nuestra preocupación porque persisten las denuncias
sobre un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de
agentes de seguridad del Estado, encargada de realizar dicho
operativo. En un estado democrático de derecho y de justicia, no es
posible aceptar que en aras de la defensa nacional, la seguridad y la
soberanía, se hagan procedimientos militares de alta peligrosidad
contra la población civil.
7.- Hacemos un llamado a las autoridades garantes de los Derechos
Humanos de ambos países para que este problema que nos afecta a todos,
tenga una rápida solución y que no se convierta en un problema
político o ideológico, ni en una ocasión para promover la xenofobia o
el desprecio de ningún ciudadano por razón de su origen.
8.- Nos solidarizamos con los millones de colombianos que han hecho
vida en nuestra patria y nos han enriquecido con sus virtudes y
capacidades. No hay familia venezolana que no tenga vínculos
consanguíneos, de afinidad, de trabajo o de cualquier otra índole con
nuestros hermanos colombianos lo que nos ha permitido vivir en
fraternidad. A todos los familiares de las víctimas, les expresamos
nuestra solidaridad y oración en estos momentos de tristeza y dolor.
Pedimos a todos orar intensamente y colaborar con nuestros hermanos
evitando cualquier estigmatización.
9.- En estos dolorosos momentos hacemos un llamado a la sensatez y a
la calma. Que la condición de cristianos de la inmensa mayoría mueva
las fibras de la solidaridad, de la misericordia, del perdón, y
desterremos todo lo que nos lleve al desprecio, a la violencia, o a la
guerra. Pedimos perdón porque los hechos y dichos sobre nuestros
hermanos colombianos no representan el sentir de nuestro pueblo.
Exigimos
Que se restituya la normalidad cuanto antes, pues son más las penurias
y zozobras que viven quienes habitan a ambos lados de la frontera, y
no sólo a ellos, sino a toda la población de los dos países que siguen
con estupor el desarrollo de los acontecimientos, a todas luces,
denigrantes de la condición de seres civilizados y hermanos.
Devolución de bienes: muchas de las personas deportadas no han podido
llevarse sus pertenencias que han quedado en el territorio venezolano,
es de justicia devolver a quienes pertenecen los bienes inmuebles y de
demás rubros; es urgente que la familia se reunifique en la totalidad
de sus miembros para evitar una crisis humanitaria por deportaciones
masivas, para ello deseamos como venezolanos ver la respuesta del
Poder Moral en pleno, no justificando acciones, sino trabajando para
que se respeten los Derechos Humanos de todos los ciudadanos, sean
Venezolanos o Colombianos.
Sabemos de los dolores y tristeza en tantas personas que han sufrido y
siguen sufriendo por estas acciones. Expresamos nuestra solidaridad y
esperanza en estos momentos de angustia. Los ciudadanos venezolanos
nos sentimos hermanos del vecino país, nunca han sido extraños, sino
que tenemos una historia común. Estas acciones efectistas deben
ponernos a reflexionar sobre el futuro de nuestro país, sobre las
responsabilidades de la dirigencia política y militar en la conducción
de nuestra nación, sobre la paz interna y lo que queremos y anhelamos
los venezolanos.
EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE
TODOS SUS CIUDADANOS INCLUYENDO LOS EXTRANJEROS BAJO SU JURISDICCION


+Mons. Roberto Lückert León
Presidente
Oficina de Justicia y Paz
+ Mons. Baltazar Porras
Presidente de la Comisión de Pastoral Social Caritas

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